Principales gremios empresariales reconocen que la decisión del GAFI pone en riesgo el clima y la seguridad de inversión, la atracción de inversión extranjera y la reputación del sistema financiero, entre, otros efectos negativos.
Clarissa Castillo / clarissa.castillo@epasa.com
Los principales gremios empresariales del país, rechazaron de manera categórica la reciente decisión durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la que Panamá ha sido incluida nuevamente en la lista gris a pesar de los esfuerzos realizados.
Los empresarios mostraron su frustración mediante diversos comunicados. La primera en reaccionar fue la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que analizará a profundidad los argumentos planteados en este nuevo informe.
De acuerdo con el presidente de la CCIAP, Jorge Juan de la Guardia,“todos los sectores productivos del país, tanto públicos como privados, debemos unir esfuerzos y plantearnos una estrategia de comunicación y cabildeo que logre presentar ante nuestras contrapartes todos los avances que se han logrado en los últimos años; así como, el trabajo que continuamos realizando en adecuar nuestro sistema para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo; entre otros delitos”.
Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) considera que, aunque todas las acciones no fueron considerados en la sesión plenaria del GAFI, el país ya tiene una hoja de ruta trazada y en pocos días entrará con un nuevo gobierno, que debe asumir su rol de defensor de los intereses del istmo porque con esta decisión, se pone en riesgo el clima y la seguridad de inversión, la atracción de inversión extranjera y la reputación de nuestro sistema financiero.
Apede exhortó al nuevo gobierno a redoblar esfuerzos y en conjunto con el sector privado organizado, elevar el rechazo ante este hecho y además evidenciar la efectividad que se ha alcanzado para el fortalecimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, con miras a culminar este proceso con un resultado positivo para Panamá.
Con este planteamiento coincide el Consejo Nacional de Empresa Privada (CoNEP), al expresar que los esfuerzos debieron ser ponderados al momento del reingreso de Panamá en esta lista, en la misma coyuntura en que lo hizo en 2014 y a días del cambio de mando. Pero en esta ocasión, con el fortalecimiento de un marco legal adaptado a las recomendaciones que hizo al país, tanto la OCDE como GAFI y la UE.
Aseguran que esta decisión desafortunada echa por tierra los avances alcanzados, impactando de manera negativa la reputación del país, el clima de negocios y la atracción de inversión extranjera, por lo que se hace necesario redoblar esfuerzos, con un verdadero equipo de profesionales con experiencia y conocimientos sobre el tema, para entablar la comunicación efectiva en ambas vías que permita subsanar el estatus otorgado.
El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), fue otro de los gremios empresariales que expresó su preocupación por la reciente noticia.
"Sin evidencia concreta o casos reportados de que nuestra alegada deficiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo, a nuestro país se le imponen sanciones directas e indirectas que atentan injustamente contra el bienestar de Panamá. Por ejemplo, es conocido que en Europa exigen documentación e incómodos trámites adicionales para que las empresas allá puedan hacer negocios con las empresas acá", destaca el comunicado.
Recordó el escándalo de los mal llamados Panama Papers, cuando luego de exhaustivas investigaciones, no se encontró ni un sólo dólar mal habido o que haya sido lavado en el Centro Financiero, el cual mantiene regulaciones y medidas de conozca a su cliente superiores a las que practican en muchos de los países que votan para que se incluya a Panamá en esas listas de chantaje.
De esta manera, pidieron a las autoridades a que defiendan a carta cabal el buen nombre de Panamá y a rebatir estas calumnias; además de que se siga haciendo lo correcto, no por presiones extorsionistas sino porque Panamá es un país que participa en la lucha contra el financiamiento para el terrorismo y el lavado de dinero.
Fuente: Panamá América
