Vista de Ibiza desde el mar.

La isla blanca está cerrando los flecos legales para prohibir el alquiler turístico antes de que llegue el verano. Solo un puñado de municipios permitirán ofertar chalés y adosados

Ibiza se está blindando contra Airbnb y el resto de plataformas de alquiler turístico antes de que llegue el verano. El Ayuntamiento de Ibiza, la capital, ha decidido esta semana prohibir el alquiler de viviendas a turistas en todo el municipio. Pisos en edificios plurifamiliares, chalés, adosados, todo está prohibido. Ya el pasado verano el ayuntamiento de Santa Eulària des Riu modificó su normativa municipal para erradicar el alquiler turístico y ahora tanto la capital como el resto de municipios de la isla están cerrando la puerta en cascada. El objetivo es claro: evitar que Ibiza vuelva a convertirse a partir de mayo en una jungla inmobiliaria, con trabajadores viviendo en 'pisos patera' y hasta en furgonetas por no poder pagar un alquiler. Una aberración que el gobierno insular y los ayuntamientos no quieren que se repita.

"La llegada de las plataformas digitales ha creado una situación insostenible. Lo que hemos vivido estos últimos veranos no es positivo para nadie y por eso queremos que el parque de viviendas vuelva a ser residencial y no turístico", sostiene Vicente Torres, director general de Turismo del Consell de Ibiza. El gobierno insular rema en la misma dirección que los ayuntamientos y quiere regular cuanto antes qué espacios se podrán alquilar a turistas este verano y cuáles no. Para ello, ha solicitado a todos los municipios que le indiquen en qué zonas estará permitido alquilar viviendas y la respuesta ha sido unánime. Ninguna parcela salvo las ya calificadas como suelo turístico, es decir hoteles y establecimientos con licencia. Solo un puñado de municipios dejarán la mano abierta para comercializar chalés unifamiliares, aunque la ciudad de Ibiza, como punta de lanza a nivel español, ni siquiera permitirá eso.

Vista de la marina de Sant Antoni de Portmany y del municipio. (EFE)

La nueva Ley de Turismo balear, aprobada el pasado mes de agosto, establece sanciones de hasta 400.000 euros para las plataformas que oferten viviendas ilegalmente y de hasta 40.000 euros para los propietarios. Un riesgo que no parece asustar a muchos ibicencos que siguen ofertando hoy sus pisos en Airbnb. "Tenemos ya varias actas levantadas a propietarios. Vamos a ponernos muy serios con ellos a partir de ahora porque por fin tenemos las herramientas necesarias para actuar. También vamos a expedientar a las comercializadoras, con las que tenemos conflictos muy serios porque se escudan en que no se dedican a comercializar viviendas", indica Torres. Este diario contactó sin éxito a Airbnb para obtener su punto de vista.

"No se termina con este problema en un año. Este verano seguramente volveremos a ver muchos pisos turísticos y casos de gente viviendo en muy malas condiciones porque el precio del alquiler seguirá siendo alto. Pero es un primer paso muy importante y es la línea a seguir para acabar con esta plaga", sostienen desde el ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. Suya fue la iniciativa de vetar a Airbnb hace ya seis meses, adelantándose incluso a la modificación de la ley balear. El consistorio adecuó su normativa urbanística para prohibir expresamente el alquiler en edificios plurifamiliares y es hoy la policía municipal la encargada de velar por su cumplimiento.

"No volveremos a los precios de antes del 'boom' del alquiler turístico porque eso depende de otros factores, pero es probable que se normalice un poco la situación. Siempre habrá casos puntuales de abusos, pero no puede haber gente durmiendo en furgonetas ni situaciones tan dramáticas en Ibiza. Hay negocios que no son capaces de tener plantillas estables porque la gente tiene que irse de la isla cuando finaliza su contrato o ni siquiera quiere venir porque no le da para pagar el alquiler. Hay empresas que han tenido que alojar a sus empleados en sus propias dependencias", continúan desde el municipio que sirvió de faro al resto de la isla.

El director de Turismo de Ibiza abunda en este punto: "No podemos quedarnos sin profesionales tan importantes como médicos, policías o profesores por culpa de unas plataformas y unos propietarios que operan un negocio ilegal. Por eso vamos a ser muy contundentes. También sabemos que vivir en Ibiza no es barato y luchar contra esta actividad no es la solución a todos los problemas de vivienda". Según la operadora de viajes Hoppa, Ibiza es ya el octavo destino más caro del mundo. Un visitante necesita una media de 325 euros al día para subsistir en la isla blanca.

Punto de inflexión

Desde el Consell de Ibiza consideran que su drástica postura anti-Airbnb puede servir "sin duda" de inspiración a otros grandes destinos turísticos españoles, tal vez de punto de inflexión. Baleares es de hecho la comunidad más combativa contra el alquiler turístico debido al creciente alud de visitantes cada verano y a la consiguiente escalada de precios, especialmente en Mallorca e Ibiza. La nueva Ley de Turismo limita a 623.624 las plazas habilitadas para el turismo, 435.707 de las cuales en la isla de Mallorca. El objetivo es reducir 120.000 plazas en los próximos años. Alquilar en bloques de viviendas pasa a estar totalmente prohibido.

Ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona están combatiendo también la turistificación con suspensión de nuevas licencias o inspecciones más severas, pero no se plantean por ahora la opción de prohibir de plano todos los pisos turísticos. En todo caso, controlarlos. Esta semana, ambas ciudades se han unido a otras seis capitales europeas para hacer 'lobby' ante la Comisión Europea en el marco de la conferencia Renta Turística Europea. Su objetivo es que Europa obligue a las plataformas digitales a desvelar la identidad de los propietarios que ofertan sus viviendas y torpedear así el negocio. Si el cliente puede contactar directamente al propietario, Airbnb, Homeaway y Booking dejan de ser necesarias.

El precio del alquiler es hoy insostenible para los habitantes de Ibiza. (Reuters)

Igual que ocurre con Ibiza, en Mallorca es posible alquilar hoy pisos turísticos a través de Airbnb, no así en Homeaway donde son agencias las que ofertan apartamentos supuestamente con licencia. En realidad, tanto el Consell de Ibiza como los ayuntamientos reconocen que, si bien la ley está clara y es drástica, falta personal para inspeccionar miles de viviendas. Solo en Ibiza hay más de 50.000 plazas de alojamiento ilegal, según reconoció Torres justo hace un año, y solo seis inspectores para hacerse cargo de las inspecciones y los expedientes. El director de Turismo de Ibiza culpa a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocida como 'Ley Montoro', de la imposibilidad de ampliar el personal de inspección este verano.

Fuente: El Confidencial

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