El presidente ejecutivo de Uber Technologies, Dara Khosrowshahi, llegó a Brasil para presionar contra el proyecto de ley que está previsto que sea votado el martes en el Senado

Cientos de conductores de la aplicación de transportes Uber salieron el lunes a las calles de las mayores ciudades de Brasil para protestar contra un proyecto de ley que los convertiría en choferes de taxi regulares, sometidos a las mismas normas de impuestos y licencias.

El presidente ejecutivo de Uber Technologies Inc, Dara Khosrowshahi, llegó a Brasil para presionar contra el proyecto de ley que está previsto que sea votado el martes en el Senado y que amenaza al negocio de la empresa en un mercado de rápido crecimiento.

Brasil es el tercer mercado de Uber, con 17 millones de usuarios, y Sao Paulo registra más viajes en el servicio que cualquier otra urbe del mundo, por sobre Nueva York y Ciudad de México, según la empresa.

Un portavoz de la firma dijo que la aplicación como existe actualmente no podría operar bajo las nuevas normas, que incluyen el uso de una matrícula de taxi en los vehículos que sean propiedad de conductores de Uber.

Uber ya lucha por mantener su operación en Londres, después de que el regulador del transporte en la ciudad consideró que la empresa no es apta para operar un servicio de taxis y se rehusó a renovar su licencia.

La policía dijo que unos 800 conductores de Uber manejaron por el centro de Brasilia, la capital brasileña, para protestar contra un proyecto de ley que muchos dicen que los dejará sin empleo. Manifestaciones similares perturbaron el tráfico en Sao Paulo y Río de Janeiro. Uber no organizó las movilizaciones, pero advirtió a las autoridades que ocurrirían.

“El proyecto de ley crearía tanta burocracia que evitaría que 500.000 conductores en Brasil obtengan ingresos para sus familias”, dijo la empresa en un comunicado, agregando que este año ha pagado 495 millones de reales (150 millones de dólares) en impuestos municipales y federales.

El proyecto de ley, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, definiría a las aplicaciones de transporte como servicios públicos en lugar de privados y exigiría a los conductores que obtengan un permiso especial de las autoridades de las ciudades. También crearía normas e impuestos adicionales.

Fuente. El Comercio

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